Aumenta la demanda de cámaras de vigilancia ante el fenómeno okupa
En el 2020, con la llegada de la pandemia y a pesar de las distintas reformas legislativas para frenarlo (como la Ley de Desahucio Express), el «fenómeno okupa» está expandiéndose en las grandes ciudades. Un estudio publicado en ese mismo año, desvela que había cerca de unas 90.000 viviendas habitadas por okupas en el país. Una tendencia por la que muchos propietarios se han visto expropiados de su hogar por culpa de otras personas que se han colado y han decidido hacerlo suyo de forma ilegal.
Desde el punto de vista legal, esta situación es motivo de sanción leve, con penas que pueden moverse entre los 3 y los 6 meses de cárcel. Aun así, el tiempo de sanción es inferior a todo el tiempo que hay que invertir en los trámites legales para poder echar a los okupas del inmueble y que se les aplique la correspondiente pena. Por ello, los ciudadanos están teniendo cada vez más presente la idea de: en el momento que una vivienda es okupada, ya es demasiado tarde, y los daños económicos serán cuantiosos para el propietario.
Dada esta situación, y que muchas segundas viviendas que han quedado vacías por las limitaciones de movilidad, las familias han decidido instalar mejores sistemas de seguridad.
Los dispositivos modernos permiten tener un muy buen control sobre todo lo que rodea a un inmueble. Además, gracias a la tecnología WiFi y los dispositivos smart, es posible recibir la imagen captada por estas cámaras en tiempo real y actuar en el caso de detectar cualquier actividad sospechosa.
De hecho, hay sistemas de videovigilancia que están conectados directamente con los cuerpos de policía. Gracias a eso, en el caso de detectar un intento de intromisión o de allanamiento de morada, la policía es notificada ipso facto para actuar cuanto antes y evitar cualquier posible problema.
Redacción ASECOPS: María Cruz Míguez López