Interior destina 400.000 euros para formar a 300 policías en ciberinteligencia tras Pegasus
Fuente: El Correo.-
La falta de medios para instruir en contraespionaje lleva a buscar de urgencia una universidad para preparar ‘online’ a los agentes. El espionaje ilegal al presidente Pedro Sánchez y a los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles con el programa israelí Pegasus sigue zarandeando las entrañas de la seguridad nacional meses después de conocerse el ataque. El Ministerio del Interior -uno de los departamento señalados por la falla de seguridad junto al Ministerio de Defensa, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la propia Presidencia del Gobierno- ha decidido formar a contrarreloj al mayor número de agentes en ciberinteligencia, una materia totalmente ajena hasta ahora a las fuerzas de seguridad, para intentar afrontar con garantías nuevos intentos de espionaje o abortar campañas de «desinformación» o maniobras de los servicios secretos extranjeros.
Destrucción o paralización de las infraestructuras energéticas como objetivos de los ciberatacantes
Fuente: teinteresa.es.-
S21sec, uno de los proveedores líderes de ciberseguridad en Europa, ha publicado su informe semestral, Threat Landscape Report, que ofrece una panorámica de las amenazas más relevantes del primer semestre de 2022. Según el estudio, que tiene como objetivo analizar las principales vulnerabilidades y riesgos cibernéticos en sectores estratégicos a nivel mundial, a lo largo de los primeros seis meses del año el sector energético ha sido víctima de numerosos incidentes propiciados por actores con motivaciones diversas, destacando el aumento de ciberataques que han tenido como objetivo la destrucción o la paralización de las infraestructuras eléctricas para causar el mayor daño posible.
El Supremo valida la videovigilancia con cámara oculta como prueba para justificar un despido
Fuente: Diario Jurídico.-
El Tribunal Supremo ha validado unas grabaciones, que muestran a una trabajadora del hogar intentando abrir la caja fuerte de su empleadora, como prueba para declarar procedente su despido. Los magistrados consideran que el uso de cámaras ocultas está fundamentado ante la sospecha de que se pueda estar cometiendo un delito. “La prueba de videovigilancia es necesaria para acreditar la autoría”, estima la sentencia.