Agredir y causar lesiones a un vigilante de seguridad sale caro: Condenado un grafitero a un año de cárcel
Fuente: El Heraldo del Henares
El Juzgado de lo Penal número 5 de Madrid ha condenado a un año de cárcel a un grafitero por un delito de lesiones por agredir a un vigilante de seguridad del Metro de Madrid tras interceptarlo dentro de las cocheras de Cuatro Vientos el día 3 de septiembre de 2019.
Según la sentencia a la que ha tenido acceso EL HERALDO DEL HENARES, el juez impone además al grafitero el pago de 1.500 euros de indemnización al trabajador agredido por las lesiones causadas.
El día de los hechos, los vigilantes fueron alertados de que al menos tres personas habían accedido sin autorización a la zona en la que se encontraban varios vagones de metro estacionados.
En aquellas fechas se habían producido diferentes vandalizaciones de trenes que habían supuesto miles de euros de gasto en limpieza a la empresa Metro Madrid, por lo que se vigilaban especialmente este tipo de instalaciones para prevenir más actos vandálicos, entre ellos, las pintadas de los grafiteros.
Tras ser alertados, dos vigilantes de seguridad, un hombre y una mujer, se dirigieron hacia el lugar en el que se encontraban los tres individuos, que al verse sorprendidos emprendieron la huida.
Por un lado, la trabajadora de seguridad intentó interceptar a uno de ellos, que la golpeó para zafarse de ella y poder darse a la fuga con el tercer integrante del grupo.
Por su parte, el vigilante varón consiguió alcanzar al ahora condenado, con el que se inició un forcejeo, en el transcurso del cual, el joven causó una herida inciso contusa en la mano del trabajador, que ante ello soltó al agresor, que también se dio a la fuga.
Sin embargo, la Policía Nacional consiguió detener al joven unos días después y, tras ser identificado positivamente por el vigilante de seguridad, ponerlo a disposición judicial.
Imputada toda la cúpula de Segur Ibérica tres años después de llevar a la quiebra a la empresa
Fuente: OK DIARIO
Segur Ibérica, que cuando fue a concurso de acreedores en noviembre de 2016 era la tercera empresa de seguridad privada, fue a concurso de acreedores y ahora sus gestores han sido imputados por un delito de insolvencia punible.
Uno de tantos presuntos escándalos empresariales que parecían dormir el sueño de los justos desde hace mucho tiempo en la maraña de la justicia española ha resucitado inesperadamente hace escasos días. Se trata de la quiebra de Segur Ibérica. Un procedimiento de diligencias previas instruido en el juzgado de instrucción número 23 de Plaza de Castilla (Madrid) ha acabado con una diligencia de ordenación donde se establece la investigación (antigua imputación) de nueve miembros de la antigua cúpula de la empresa, que en noviembre de 2016 fue a concurso de acreedores dejando deudas millonarias y más de 4.000 empleados a la calle.
Según la citada diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso este periódico, y dictada por el letrado de justicia en nombre del juez, se investigará por insolvencia punible a la cúpula directiva de Segur Ibérica, una empresa que cuando fue a la quiebra era la tercera mayor compañía de seguridad privada de España por facturación (después de Prosegur y de Eulen Seguridad SA) y que fue a concurso de acreedores después de no conseguir que ningún inversor privado aportara capital para tratar de solventar su falta de caja.
La insolvencia punible está definida en el Código Penal como «el deudor que encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, favorezca a alguno de los acreedores realizando un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar un crédito no exigible o a facilitarle una garantía a la que no tenía derecho, cuando se trate de una operación que carezca de justificación económica o empresarial».
Entre los investigados se encuentra Ignacio Suárez, quien fue director general de Segur Ibérica cuando la empresa cayó en concurso de acreedores. Suárez es desde agosto de 2018 el consejero delegado de la empresa de gimnasios AltaFit Gym Club y había sido CEO de Segur Ibérica desde 2014 hasta el día de su quiebra. Suárez ha designado procurador para ser informado de las diligencias y tener la posibilidad de defenderse.
El portavoz del sindicato, Alberto García, ha dicho que «pensamos que llevaron actos previos a la declaración de insolvencia y presuntamente distrajeron patrimonio a los acreedores, entre ellos los trabajadores».
Ya se había comprobado años atrás que en los años de bonanza económica, cuando sí entró dinero en la caja de la compañía, la empresa fue descapitalizada. De hecho la compañía, propiedad de los fondos MCH Private Equity y Corpfin Capital, vio como su situación de caja empeoraba desde 2010, con 66 millones de euros que salieron de la compañía hasta quedarse en fondos propios negativos.
Cuando se fue a pique, Segur Ibérica todavía estaba en posesión de importantes contratos de seguridad privada, singularmente relevantes los de Metro de Madrid, Renfe, Telefónica o la Embajada de Estados Unidos.
Rechazo de un fondo israelí
Cuando estaba a punto de quebrar, la empresa tuvo una última oportunidad de ser rescatada por el fondo israelí I-SEC, que había realizado una oferta por las unidades productivas de vigilancia y seguridad. Tal y como informó el administrador concursal PwC entonces, posteriormente los israelíes se retiraron y la empresa tuvo que ir al concurso de acreedores y la liquidación.
Junto a él se puede ver en el escrito del juzgado de instrucción que también están imputadas otras personas como Rafael Centeno, anterior director de recursos humanos que fue quien indicó a los trabajadores que la empresa tenía que marcharse a la antigua suspensión de pagos en el noviembre de 2016 mediante un escrito.
Otros directivos que también figuran como investigados en la diligencia de ordenación son José del Pino, que actualmente es director de riesgos especiales en la empresa de seguridad privada Trablisa. No es el único de los antiguos directivos de Segur Ibérica que se recolocó en la empresa mallorquina.
Además, otros investigados son A. A. E., J. A. F. L, J. L. D. C. F., J. L. P. M., J. M. E. F. y M. A. T. C., cuyos nombres incluimos tan sólo con iniciales.
En todos los casos, la condición de investigados en ningún caso implica ni demuestra culpabilidad, si bien se produce tres años después de iniciadas las investigaciones, por lo que no puede considerarse que la justicia en este caso no haya tenido tiempo para actuar.
Denuncia de parte
Todo el caso ha salido a la luz después de tres años sin que la investigación judicial hubiera notificado ni siquiera a los denunciantes que se encontraba realizando las pesquisas. La denuncia fue interpuesta en su momento por el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada (Alternativa Sindical) que había presentado una denuncia amplia con una serie de pruebas recogidas donde percibían posibles delitos en la gestión del grupo de seguridad, que cayó estrepitosamente dejando deudas con proveedores, acreedores bancarios, con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
Leer másEl Congreso de los Diputados convalida la prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, el Real Decreto-ley 2/2021 refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, que prorroga el mecanismo de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 31 de mayo, y que es fruto del IV Acuerdo Social en Defensa del Empleo, alcanzado en el marco del diálogo social.
El Real Decreto ha sido convalidado con 296 votos a favor, 52 en contra y una abstención, por consiguiente será tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Esta cuarta prórroga, introduce correcciones y mejoras, y establece las pautas para una mayor efectividad en la cobertura y en el control de las prestaciones y garantías establecidas. Entre las acciones que se quiere proponer, es convertir esta figura en una alternativa a los despidos y utilizarlo como vehículo de acciones formativas.
En este nuevo real decreto, se establecen cuatro modalidades de prestaciones por cese de actividad de las personas autónomas, así como las prórrogas establecidas para otras prestaciones en vigor, como prestaciones y subsidios para el sector cultural del Real Decreto Ley 32/2020, o el Plan MECUIDA, que también se prorroga hasta el 31 de mayo.
Redacción ASECOPS: María Cruz Míguez López
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