Ciberseguridad en entornos de trabajo flexibles
Fuente: FORBES.-
En los últimos tres años, el 20% de las empresas españolas han sufrido ciberataques críticos, con un impacto económico superior al millón de dólares, según los últimos datos de PwC. Una situación que afecta a todos los sectores, donde la salud, las telecomunicaciones, el entretenimiento, las finanzas y la energía son de los más perjudicados, y de donde tampoco se escapan las administraciones públicas. ¿Son conscientes las empresas y organismos de la gravedad de esta problemática? ¿Cómo se están enfrentando a las amenazas cibernéticas?
Con este telón de fondo, Carlos Manero, Security, Digital and Managed Services Manager de HP; Jesús Feliz, gerente de Ciberseguridad para Sectores Estratégicos en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE); Javier Galindo, CISO de Cepsa; Javier Sánchez Salas, CISO de Engie España; Esther Muñoz, subdirectora general de Ciberseguridad, Protección de datos y Privacidad de Madrid Digital; y Mariano Rebollo, CISO Corporate Functions Engineering en BBVA participaron en un debate organizado por Forbes el pasado 30 de enero para analizar los desafíos de este escenario. Un encuentro que tuvo lugar en la sede de Utópica en Madrid y que fue moderado por la periodista especializada en ciberseguridad Mónica Valle.
¿Puede existir responsabilidad personal por mala gestión de los administradores societarios si un despido es calificado como improcedente?
Fuente: Tu Asesor Laboral.-
Si observamos el artículo 236 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores pueden ser responsables frente a la sociedad, los socios y los acreedores sociales si causan daño por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos. Es decir, los administradores de sociedades de capital pueden ser responsables por daños causados por su mala gestión.
El Constitucional ve discriminatorio negar los salarios de tramitación a las embarazadas despedidas
Fuente: Diario Jurídico.-
El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo de una trabajadora embarazada a la que despidieron y ha considerado discriminatorio por razón de sexo la negativa de la Administración a pagarle los salarios de tramitación que se abonan en caso de insolvencia de la empresa.
La trabajadora fue despedida junto a otras compañeras. La particularidad del caso de la demandante radica en que su despido fue declarado nulo por ser un acto de discriminación directa por embarazo, en contraposición a los despidos improcedentes de sus compañeras.