«Los Interlocutores Policiales Sanitarios han demostrado su eficacia para coordinar, asesorar y gestionar una respuesta inmediata a todas las demandas en seguridad y asistenciales surgidas desde el inicio de la pandemia». Así lo asegura el Comisario Javier Galván, Jefe de la Brigada Central de Inspección e Investigación de la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) e Interlocutor Policial Nacional Sanitario, quien analiza en esta entrevista el papel de esta figura, así como las acciones y actividades realizadas en estos meses en el ámbito sanitario.
Entrevista al Comisario Javier Galván, Jefe de la Brigada Central de Inspección e Investigación de la UCSP
FUENTE CUADERNOS DE SEGURIDAD.-
—Durante 2020, y como consecuencia de la crisis del coronavirus, se potenció la colaboración de la UCSP y el sector de la Seguridad Privada, ¿qué valoración haría a nivel de coordinación y comunicación? ¿Qué aspectos y acciones llevadas a cabo podría destacar?
—La declaración del Estado de Alarma, en marzo del pasado año, fue para nuestro país el inicio de un episodio histórico en el cual todavía nos encontramos inmersos y que nos está poniendo a prueba a toda la sociedad, incluida la Policía Nacional. La Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP), consciente del servicio específico que presta a un sector tan importante como es el de la Seguridad Privada, adaptó rápidamente sus procedimientos de trabajo para poder seguir prestando, entre otros, el servicio de «Ventanilla Única» de nuestra corporación con dicho sector. Fruto de ello fue la adaptación tecnológica que se llevó a cabo para poder dar servicio 24 horas al día de una forma descentralizada, lo cual se trasladó, no sólo al sector de la Seguridad Privada, sino también al sanitario, en una perfecta simbiosis entre la relaciones institucionales y la labor de los interlocutores policiales sanitarios.
La suplantación de identidad, el fraude que más se comete en España
En la actualidad, el fraude se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las empresas españolas ya que, para la mayoría, supone pérdidas anuales de más de 1 millón de euros. Así lo revela el «Informe sobre el estado del fraude en España 2019-2020» presentado por la Asociación de Empresas Españolas Contra el Fraude, AEECF. Y es que, de acuerdo con el estudio, en el último año se ha observado un incremento en los intentos de fraude en el país, siendo la suplantación de identidad el tipo de estafa que más se ha reportado, seguido por los ataques de phishingy el fraude documental.
En cuanto a las zonas donde se registra la mayor cantidad de actividades fraudulentas, el 70% de los encuestados por la AEECF destaca a la Comunidad Madrid como el principal foco, seguida por Andalucía. Por su parte, el 80% indica, a su vez, que Madrid es también la comunidad con el mayor incremento de fraude durante el último año con respecto al anterior; aunque la Comunidad Valenciana ha experimentado un notable aumento de este tipo de delitos.
En lo que se refiere al fraude online, el 78% de los asociados consultados asegura que en los últimos tres años se ha incrementado la preocupación por este tipo de delitos. Una tendencia que, de acuerdo con la asociación, seguirá en aumento a medida que los clientes y consumidores se decanten más por las transacciones electrónicas.
Se trata de un informe que «ofrece una visión global sobre la situación en la que nos encontramos en España con respecto al fraude; presentando las tendencias, retos y evolución de este tipo de delitos en el país durante el último año. Este estudio representa una pieza fundamental en nuestra misión de convertirnos en la comunidad de referencia y principal plataforma colaborativa para la lucha contra el fraude en la empresa», explica Rita Estévez, presidenta de la AEECF
Los ERE se abren paso en el sombrío horizonte laboral post-Covid
FUENTE: DIARIO JURÍDICO.-
Lejos de mejorar, la situación del mercado laboral en 2021 parece precipitarse hacia una escalada de despidos masivos. La finalización del segundo plazo de los ERTE por causa Covid el 31 de mayo será lo que marque para muchas empresas el inicio de este nuevo proceso de expedientes de regulación de empleo (ERE). Algunas incluso ya han comenzado a utilizarlos, a pesar de las restricciones impuestas por la legislación aprobada con la intención de evitar estas situaciones.
“Cuanto más tiempo pase, más acuciante se volverá la situación y los ERTEs se convertirán definitivamente en EREs extintivos”, augura Ernest Hernández, abogado laboralista de REJ Advocats . Por ello, el horizonte del 31 de mayo se dibuja poco alentador, aunque algunas grandes empresas no han esperado y ya se han adelantado con abultados ajustes de plantilla. “Las empresas ya no son capaces de mantener gastos y costes derivados de las relaciones laborales y otros conceptos que deben asumir directamente y que ningún ERTE evita”, señala Roberto Vázquez Cid, abogado del área de laboral de Cuatrecasas.
Hernández apunta que muchas empresas se verán “abocadas a presentar concurso de acreedores o cerrar la empresa por no poder subsistir”, así como tomar medidas como prescindir de toda o parte de su plantilla. El tiempo juega en contra de la estabilidad del empleo y la supervivencia de muchas empresas a las que se les acaban las opciones.
Y es que la crisis provocada por el Covid está pasando de ser algo meramente coyuntural a ser estructural, como comenta Vázquez. Por ejemplo, en muchos casos “aunque no tengan limitaciones ni estén afectados por la fuerza mayor, muchos clientes han cerrado, de manera que esa actividad se ha perdido de forma directa. Y hay sectores mucho más afectados por la falta de confianza de los consumidores”.