El Puerto de A Coruña recurrirá a la seguridad privada para controlar el acceso a los muelles públicos
Fuente: El Ideal Gallego.-
El año 2022 vio la apertura del puerto a la ciudad con la celebración de eventos como conciertos en Calvo Sotelo o la de exposiciones de la Fundación MOP en Batería. Pero en 2024 lo que venía siendo excepcional pasará a convertirse en norma, la Autoridad Portuaria tiene que aumentar la vigilancia de los accesos, y ha decidido confiársela a una empresa de seguridad privada en vez de a la Policía Portuaria.
Este cuerpo se encarga de la seguridad y de vigilar el cumplimiento de la ley dentro del recinto y su plantilla es de unas setenta personas. Sin embargo, el Puerto considera que no son suficientes para controlar la avalancha de público que se producirá de forma puntual en los muelles. Pone como ejemplo la llegada de los trasatlánticos. Cada vez que amarra uno de estos enormes buques, miles de personas desembarcan de golpe.
Según el Puerto, en un mes puede llegar un solo buque, y al mes siguiente dos docenas. Como se trata de una afluencia de visitantes tan irregular, no resulta práctico aumentar la plantilla de la Policía Portuaria. Por eso pretende sacar a concurso un contrato de seguridad, de manera que la medida entrará en vigor en marzo, aproximadamente, pero recalca que la autoridad sigue siendo de la Policía Portuaria.
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Fuente: Diario Jurídico.-
2024 promete ser prolífico en materia de novedades legislativas relacionadas con la empresa. La primera, relacionada con la igualdad de género establece que las empresas con 50 o más personas empleadas deben contar con un Plan de Igualdad activo con el fin de promover las mismas oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.
Así, las sociedades cotizadas deberán asegurar un 40% de presencia femenina en sus consejos antes del próximo 1 de julio. Las grandes compañías que no cotizan en bolsa, por su parte, dispondrán de más tiempo para implementar la medida, hasta el mismo mes de 2026.
La vocación de cumplir con los preceptos constitucionales de igualdad y trasladarlos al mercado de trabajo es la que impulsa también la puesta en marcha de medidas destinadas contra la discriminación de los trabajadores LGTBI. La obligación aquí es que las empresas incorporen el Plan de Igualdad LGTBI antes del próximo mes de marzo. El incumplimiento puede suponer sanciones que alcancen los 150.000 euros.
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Fuente: Escudo Digital.-
Un ministro no es solo alguien que representa a una parte de los ciudadanos de un país y por tanto una parte alícuota del poder. Y aunque la etimología de su cargo (ministro del latín minister, ‘sirviente’, ‘asistente’), que a su vez se deriva de minus (‘menos, menor’), sea radicalmente opuesta a la del maestro (magister compuesto por el adverbio magis cuyo significado es “más”) sus decisiones afectan a más personas y deberían estar impulsadas por más conocimiento y menos demagogia. Es el caso de la última decisión de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha anunciado que regulará la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas, incluso en los Consejos de Administración, y ha proclamado que endurecerá y encarecerá el despido de los trabajadores.
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