El Estado ‘ahoga’ a las empresas de seguridad con contratos públicos al exigirles cotizaciones ajenas
Fuente: Canarias 7.-
El Estado ‘ahoga’ a las empresas de seguridad con contratos públicos al exigirles cotizaciones ajenas. En 2018 entró en vigor la doctrina Somoza derivada de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que determina que, cuando empresa se hace con un contrato público de prestación de servicios en sustitución de otra que ha entrado en concurso de acreedores, la nueva adjudicataria debe hacerse cargo de los débitos de sus trabajadores que, por supuesto, han de ser subrogados.
Las empresas de servicios de Canarias, entre ellas las de limpieza y seguridad privada, han hecho los deberes en los últimos cuatro años y «como han podido» han hecho frente a esta obligación, cubriendo las deudas de sus antecesores y que desconocían cuando se presentaron al concurso.
Cuando ellos se hacen con los contratos los propios licitadores desconocen la deuda, así que asumen el riesgo. Especialmente sangrante ha sido la situación en el sector de la seguridad privada de las islas, debido a las quiebras que han protagonizado grandes empresas como Seguridad Integral Canaria, Sinergias y Novosegur, que abarcaban mucho mercado. Sin embargo, las nuevas concesionarias han conseguido ir saliendo para adelante «con gran esfuerzo».
